Oviedo abre pieza separada para multar a un abogado por citas de IA sin verificar
La Audiencia Provincial comprobó en el CENDOJ que las cuatro sentencias invocadas no trataban el delito discutido. Activó el art. 247.3 LEC, con multas de hasta 6.000 euros.
Lo que hay que saber
- La Audiencia Provincial de Oviedo detectó que las cuatro sentencias invocadas en un recurso no trataban el delito que el escrito defendía.
- El tribunal verificó las citas en el CENDOJ y abrió pieza separada bajo el artículo 247.3 LEC, con cinco días para alegar.
- La multa por mala fe procesal va de 180 a 6.000 euros y el caso puede derivar en actuaciones ante el colegio profesional.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo abrió un expediente sancionador contra un abogado que presentó un recurso con cuatro sentencias citadas que no decían lo que el escrito afirmaba. El tribunal las verificó una por una en el CENDOJ, el Centro de Documentación Judicial del Poder Judicial español, y comprobó que ninguna trataba el delito en discusión. La resolución, del 17 de julio de 2026 y difundida por Confilegal, activó el artículo 247.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La multa puede llegar a 6.000 euros. El dato relevante para Argentina es que el control lo hizo el propio tribunal, de oficio, con una base pública de sentencias.
Qué detectó el tribunal
La resolución corresponde a la sentencia 311/2026, dictada en el recurso de apelación 1083/2026. Integraron la Sala Javier Domínguez Begega como presidente, Francisco Javier Rodríguez Santocildes como ponente y Pilar de Lara Cifuentes.
El recurso defendía una posición sobre el delito de quebrantamiento y respaldaba su argumento con cuatro sentencias. Al revisarlas en el CENDOJ, los jueces encontraron que ninguna se refería a esa figura. Dos, de Audiencias Provinciales asturianas, trataban falso testimonio y resistencia. Las otras dos, del Tribunal Supremo, versaban sobre hurto y sobre delito contra la salud pública.
Es una variante del problema que conviene distinguir bien. Acá los fallos existían. No eran carátulas inventadas. Lo que estaba fabricado era la conexión entre esos precedentes y el argumento jurídico. Un modelo de lenguaje produjo una atribución de contenido que no se sostenía, y nadie la chequeó antes de presentar el escrito.
La Sala fue contundente sobre la conducta. Señaló que la falta de verificación “no se adecúa a lo que debe ser un actuar diligente y respetuoso con los principios deontológicos”. No sancionó de inmediato: abrió una pieza separada y le dio al letrado cinco días para formular alegaciones, como exige el artículo 247.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El rango de la multa va de 180 a 6.000 euros.
Por qué esto puede pasar acá mañana
El mecanismo que usó la Audiencia de Oviedo existe en Argentina. Verificar una cita contra una base pública de jurisprudencia lleva minutos, y cualquier juzgado puede hacerlo. Está el Sistema Argentino de Información Jurídica, están las bases de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los superiores tribunales provinciales. La barrera nunca fue técnica. Era que a nadie se le ocurría dudar de una cita.
Eso ya cambió. Con la Resolución PGN 64/2026 fijando reglas de uso de IA para el Ministerio Público Fiscal y con casos sancionados en Estados Unidos y ahora en España, la desconfianza dejó de ser excepcional. El escrito que cita un fallo que no dice lo que se le atribuye tiene hoy muchas más chances de ser revisado que hace un año.
El marco sancionatorio local tampoco necesita reforma. El artículo 34 inciso 5 d) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación manda a los jueces a prevenir y sancionar los actos contrarios al deber de lealtad, probidad y buena fe. El artículo 45 habilita la multa por temeridad o malicia. El artículo 35 otorga facultades disciplinarias frente a las partes. Y el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal impone un deber de diligencia que no se suspende por usar una herramienta nueva.
La prevención concreta, para aplicar desde hoy, tiene tres pasos. Uno: de cada fallo que citás, leé el párrafo exacto que sostiene tu argumento, no el resumen ni el sumario. Dos: guardá el enlace o el PDF junto al borrador del escrito, para poder mostrarlo si te lo piden. Tres: prestá atención especial a las citas que encajan demasiado bien. Cuando un precedente parece escrito a medida de tu caso, es el momento de verificar con más cuidado, no con menos.
El cierre práctico
Hay una distinción que este caso deja clara y que vale incorporar al vocabulario del estudio. No alcanza con confirmar que el fallo existe. Hay que confirmar que dice lo que vos decís que dice. Un buscador con IA puede darte una carátula real y una atribución de contenido inventada, y el error es igual de grave.
Si en tu estudio hay alguien preparando escritos con asistencia de IA, la regla es una sola y no admite matices: quien firma leyó las fuentes. La delegación de la redacción es legítima. La de la verificación, no.
FUERO elaboró esta nota a partir de información publicada por Confilegal, más normativa y documentos oficiales. El texto, el análisis y los errores son nuestros. ¿Ves algo mal? Escribinos y lo corregimos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el artículo 247 de la LEC y cuándo se aplica?
Es la norma española que impone a las partes respetar las reglas de la buena fe procesal. Su apartado 3 permite al tribunal multar de 180 a 6.000 euros a quien las vulnere, previa audiencia del afectado. Se lo está aplicando a escritos con citas de jurisprudencia generadas por inteligencia artificial y presentadas sin verificación.
¿Cómo verifico rápido si una cita de jurisprudencia es real?
Buscá la carátula o el número de expediente en una base oficial y abrí el texto completo. En Argentina podés usar el Sistema Argentino de Información Jurídica y las bases de la Corte Suprema y de los superiores tribunales provinciales. No alcanza con confirmar que el fallo existe: hay que leer el párrafo que sostiene tu argumento.
¿Puede un juez argentino sancionar de oficio una cita falsa en un escrito?
Sí. El artículo 34 inciso 5 d) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación le impone prevenir y sancionar los actos contrarios al deber de lealtad, probidad y buena fe. El artículo 45 habilita multas por temeridad o malicia y el artículo 35 le da facultades disciplinarias. Además puede remitir antecedentes al colegio profesional.