La Procuración fijó reglas obligatorias de IA para todas las fiscalías federales

El Ministerio Público Fiscal de la Nación ya tiene reglas escritas para usar inteligencia artificial. El procurador general interino Eduardo Casal aprobó la Resolución PGN 64/2026, que fija lineamientos institucionales de cumplimiento obligatorio para el uso, el diseño, el desarrollo y la adquisición de herramientas de IA dentro del organismo. La noticia, difundida por Diario Judicial, excede el mundo de las fiscalías. Es el primer estándar formal y detallado que un actor central del sistema de justicia argentino pone por escrito sobre cómo se trabaja con esta tecnología en un expediente real.

Qué prohíbe y qué exige la resolución

El núcleo de la norma es una prohibición concreta. De manera transitoria, y hasta que se definan reglas específicas caso por caso, queda vedado ingresar información reservada, actuaciones de causas en trámite o datos personales y sensibles en sistemas de acceso público. La resolución nombra el tipo de herramienta: los chatbots abiertos, como ChatGPT, Gemini o Copilot. No es una recomendación de buenas prácticas. Es una regla de cumplimiento obligatorio para fiscales, funcionarios y áreas con funciones de planificación, control de gestión o auditoría.

La segunda regla dura es igual de clara. Ninguna decisión judicial o administrativa puede basarse únicamente en la respuesta de un sistema automatizado. La resolución exige supervisión humana en todas las etapas y lo que llama control humano significativo. La IA queda posicionada como insumo de trabajo, nunca como fundamento autónomo de un acto.

A eso se suma una arquitectura de control. Antes de incorporar una herramienta, el organismo debe pasarla por un circuito interno de evaluación de riesgos y de factibilidad técnica y jurídica. Después, la Unidad de Auditoría Interna revisa el uso. La implementación queda en manos del Programa de Inteligencia Artificial del MPF, creado por la Resolución PGN 14/2025, junto con la Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías.

Hay un componente de formación que conviene mirar de cerca. La Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, con la Secretaría de Coordinación Institucional, debe montar un programa permanente de formación práctica y aplicada en IA. Los contenidos son bien concretos: competencias operativas, formulación de prompts, validación de resultados y mitigación de sesgos. El marco se elaboró a partir de una encuesta institucional publicada en agosto de 2026 sobre conocimiento, uso y percepciones del personal.

Qué cambia para el abogado que litiga en Argentina

Una resolución de la Procuración no obliga al abogado particular. Pero fija el piso con el que la contraparte pública va a trabajar, y ese piso se vuelve la vara implícita de todo el proceso. Si el fiscal tiene prohibido cargar una causa en trámite en un chatbot abierto, el letrado que lo hace queda en una posición incómoda para explicarlo ante un juez.

El primer punto es de confidencialidad, y en la práctica argentina ya tenía anclaje normativo antes de esta resolución. Volcar datos de un cliente en una plataforma pública compromete el secreto profesional, que el artículo 156 del Código Penal protege con pena. También activa la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales cuando hay datos sensibles de por medio, con la agravante de que muchas de esas plataformas alojan y procesan la información fuera del país. Conviene revisar hoy tres cosas: qué herramienta usa cada integrante del estudio, si esa herramienta entrena con los datos cargados y si existe alguna cláusula de confidencialidad firmada con el cliente que ya se esté incumpliendo.

El segundo punto es la verificación. La regla de que ninguna decisión se funda solo en una salida automatizada se traduce, del lado del litigante, en el deber de chequear cada cita antes de firmar. En el proceso civil eso no es una cortesía. El artículo 34 inciso 5 d) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación manda a los jueces a prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe, y el artículo 45 habilita la multa por temeridad o malicia. Presentar jurisprudencia inventada entra sin esfuerzo en esa categoría.

Una señal de hacia dónde va la regulación local

La Resolución PGN 64/2026 no prohíbe la IA. Hace lo contrario: la institucionaliza, le pone control y la acompaña con capacitación obligatoria. Ese es el mensaje regulatorio relevante. El debate argentino dejó atrás la pregunta de si se puede usar y pasó a la de cómo se documenta el uso.

Para un estudio, la conclusión práctica es corta. Escribí un protocolo interno propio, aunque sea de una carilla. Definí qué herramientas están habilitadas, qué información nunca se carga y quién firma la verificación final de citas y datos. Guardá el registro. El día que un juez pregunte cómo se elaboró un escrito, tener esa respuesta por escrito va a valer mucho más que una explicación improvisada en la audiencia.