Caso $LIBRA: el juez apartó a Frade y Ferraro como querellantes
Martínez de Giorgi resolvió que ser legislador no acredita el interés directo y personal que exige la ley. La causa queda impulsada únicamente por el fiscal Eduardo Taiano.
Lo que hay que saber
- El juez federal Martínez de Giorgi rechazó el 10 de septiembre a los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro como parte querellante.
- Sostuvo que la condición de legislador no habilita por sí sola y que el interés debe ser directo, inmediato y personal.
- Con los inversores también apartados por la Cámara Federal, la acción penal queda exclusivamente en manos de la fiscalía.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el 10 de septiembre que los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica ARI, se constituyan como parte querellante en la causa que investiga el presunto fraude con la criptomoneda $LIBRA. La resolución deja a la investigación sin acusadores particulares y consolida un criterio que excede a este expediente: la representación política no genera, por sí misma, legitimación para querellar.
El argumento del juez
El eje de la decisión es la exigencia de un interés calificado. Para el magistrado, según informó La Nación, "la condición de legislador, por sí sola, no los habilita a constituirse como parte querellante". El estándar que aplicó es el clásico: el pretenso querellante tiene que acreditar un interés directo, inmediato y personal derivado del hecho investigado. Una vinculación genérica con la materia no alcanza.
Los diputados habían sostenido que el caso afectaba el ejercicio de sus funciones parlamentarias. El juez descartó ese planteo con un argumento sencillo y difícil de rebatir: esa afectación, si existiera, "no los diferencian de cualquier otro integrante del Congreso". Es decir que el agravio invocado era compartido por los 257 diputados, y por eso no era personal de ninguno.
La decisión tampoco depende de haber sido denunciante. Haber puesto en marcha el expediente le da al denunciante un rol procesal acotado, que no equivale al de parte. Son dos calidades distintas y el fallo las separa.
La causa queda en manos de la fiscalía
El rechazo a los legisladores se suma al que ya habían recibido los inversores damnificados. La Sala I de la Cámara Federal confirmó el 4 de septiembre la exclusión de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris y Martín Romeo, varios de ellos patrocinados por el diputado Juan Grabois. Ese grupo recurrió después ante la Cámara Federal de Casación Penal, en un planteo que corre por carril propio.
El resultado es que hoy solo la fiscalía impulsa la investigación. El fiscal Eduardo Taiano había imputado al presidente Javier Milei el 22 de febrero de 2025 por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Sin querellantes, no hay quien pueda recurrir de manera autónoma un eventual archivo o una desestimación, ni quien controle en paralelo la producción de la prueba.
Qué se lleva el abogado a su práctica
La resolución es material útil para cualquier presentación de querella, sobre todo en causas de interés público donde el reclamo llega de organizaciones, funcionarios o representantes.
Al armar el escrito, el interés hay que describirlo con hechos y no con calidades. No sirve invocar el cargo, la militancia ni la representación de un colectivo. Hay que explicar qué daño concreto sufrió esa persona en particular, cómo se produjo y con qué prueba se acredita. Si el agravio que se describe es compartido por todos los que tienen la misma condición, el planteo va a caer por genérico.
Con el cliente conviene tener la conversación temprano y sin adornos. Ser denunciante no es ser querellante. Ser afectado por una política pública no habilita a acusar. Y quedar afuera como parte tiene un costo real: se pierde el control de la prueba, la facultad de proponer medidas y la posibilidad de recurrir en forma independiente. Todo queda sujeto a la decisión del Ministerio Público Fiscal.
Cuando la legitimación es dudosa, hay alternativas que conviene evaluar antes de insistir. La acción civil por daños tiene reglas de legitimación propias y más amplias. Las denuncias administrativas ante organismos de control y ante la Unidad de Información Financiera (UIF) tampoco requieren ser parte en el expediente penal. Y si el objetivo es de control institucional, el Congreso cuenta con herramientas propias que no pasan por el tribunal.
El expediente por $LIBRA va a seguir dando definiciones sobre quién puede acusar en casos de criptoactivos. Por ahora, el mapa quedó claro: ni la representación política ni la pérdida patrimonial alcanzan sin una prueba concreta del daño personal. Quien prepare una querella en este terreno debería empezar por ahí y no por el relato del caso.
FUERO elaboró esta nota a partir de información publicada por La Nación, más normativa y documentos oficiales. El texto, el análisis y los errores son nuestros. ¿Ves algo mal? Escribinos y lo corregimos.
Preguntas frecuentes
¿Un legislador puede ser querellante en una causa penal por su condición de tal?
No. El juez Martínez de Giorgi resolvió que la condición de legislador no habilita por sí sola a constituirse como parte querellante. Se exige acreditar un interés directo, inmediato y personal derivado del hecho investigado. Si el agravio invocado es común a todos los integrantes del Congreso, no es personal y el planteo se rechaza.
¿Ser denunciante alcanza para ser parte querellante?
No son la misma calidad. El denunciante pone en conocimiento del tribunal un hecho y cumple un rol procesal acotado. El querellante es parte, controla la prueba, propone medidas y recurre por sí mismo. Para ser admitido como querellante hay que acreditar un interés directo y personal en el hecho, algo que la denuncia por sí sola no demuestra.
¿Quién impulsa hoy la causa $LIBRA?
Exclusivamente el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Eduardo Taiano, que imputó al presidente Javier Milei el 22 de febrero de 2025 por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Tanto los legisladores como los inversores damnificados fueron apartados como acusadores particulares.