Los inversores de $LIBRA van a Casación por su rol de querellantes
Cinco damnificados recurrieron el fallo que los dejó afuera de la causa por el token que promocionó Javier Milei. En el fondo se discute qué prueba debe aportar la víctima de una criptoestafa.
Lo que hay que saber
- Los cinco inversores excluidos presentaron recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal para recuperar el rol de parte querellante.
- La Sala I entendió que asumieron el riesgo del activo y que sin verificación de identidad no acreditaron la titularidad de sus billeteras.
- Sin querella admitida, la causa queda impulsada solo por el fiscal Eduardo Taiano y el damnificado pierde el control de la prueba.
Los cinco inversores que se consideran damnificados por el token $LIBRA presentaron el 16 de septiembre recursos de casación para volver a ser querellantes en la causa federal. La jugada importa más allá de este expediente. Lo que está en discusión es qué tiene que probar una persona que perdió plata con un criptoactivo para que la Justicia argentina la reconozca como víctima.
Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo habían sido apartados el 3 de julio por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó esa exclusión el 4 de septiembre. Ahora piden que la Cámara Federal de Casación Penal revise el criterio. Varios de ellos están patrocinados por el diputado Juan Grabois y por el abogado Nicolás Oszust. Según informó Infobae, los recursos buscan recuperar la facultad de controlar la prueba y de proponer medidas de investigación.
El estándar probatorio que fijó la Cámara
El eje del fallo confirmatorio es la ausencia de engaño acreditado. Para la Sala I, los inversores asumieron de manera voluntaria el riesgo de operar con un activo volátil y sin regulación específica. No alcanzó con demostrar la pérdida patrimonial. Había que demostrar la maniobra concreta que los indujo a comprar.
El segundo obstáculo es el que más debería preocupar a quien litiga. Las billeteras usadas sobre la red Solana no tenían procesos de verificación de identidad. Sin ese registro, el tribunal entendió que no quedaba acreditada la titularidad de las cuentas desde las que se hicieron las compras. Uno de los recurrentes, Martín Romeo, había acompañado actas notariales que certificaban su acceso a billeteras Phantom y Lemon con transacciones registradas. No fue suficiente.
Grabois calificó la decisión como "prematura y contradictoria" y sostuvo que el tribunal equiparó "erróneamente el riesgo de una inversión con un plan delictivo pre-programado". El planteo de los recursos es que el análisis sobre la existencia del ardid corresponde al juicio y no a la etapa de admisión de la querella. Suman un dato incómodo para el tribunal: en marzo de 2025 la Sala II de la misma Cámara los había reconocido como parte.
Qué cambia en la práctica profesional
Si asesora a alguien que perdió dinero con un token, el fallo marca la carpeta que hay que armar antes de presentarse. Primero, la trazabilidad de la titularidad. Conviene privilegiar la prueba que viene de un proveedor con verificación de identidad, porque el registro del exchange es el respaldo más sólido de que la billetera es del cliente. Segundo, la prueba del engaño concreto. La caída de la cotización no es un ardid. Hay que documentar la pieza de promoción específica que motivó la compra, con fecha y hora, y la secuencia entre ese mensaje y la orden.
La advertencia al cliente tiene que ser directa. Haber comprado un token porque una figura pública lo mencionó no genera, por sí solo, derecho a querellar. La prueba se construye antes y no después del reclamo. Capturas fechadas, acta notarial sobre el dispositivo, extractos del proveedor de servicios de activos virtuales, correos de confirmación y los identificadores de cada transacción en la cadena. Todo eso se junta el mismo día del hecho, no seis meses más tarde.
También conviene explicar el costo procesal de quedar afuera. Sin querella admitida, el damnificado no controla la prueba, no propone medidas y no recurre de manera autónoma. Queda atado al ritmo de la fiscalía. En esta causa, el fiscal Eduardo Taiano es el único que impulsa la acción penal, porque el juez además rechazó a legisladores opositores como acusadores particulares. La vía civil por daños y el reporte ante la Unidad de Información Financiera (UIF) siguen abiertos y no dependen de esa admisión.
El expediente y lo que viene
La investigación gira alrededor del lanzamiento del token, el 14 de febrero de 2025, y de su difusión por el presidente Javier Milei en la red X. La cotización trepó de centavos a casi cinco dólares y se derrumbó enseguida. Entre los imputados figuran el trader Mauricio Gaspar Novelli y Hayden Mark Davis.
La decisión de Casación va a funcionar como referencia en los próximos reclamos por criptoestafas. Si se confirma el criterio actual, la legitimación de la víctima quedará atada a un estándar de prueba alto y exigido en forma temprana. No conviene esperar ese fallo para ordenar la documentación de los clientes. Quien opera con criptoactivos hoy debería conservar, desde el primer movimiento, todo lo que mañana necesitaría para acreditar que la billetera es suya.
FUERO elaboró esta nota a partir de información publicada por Infobae, más normativa y documentos oficiales. El texto, el análisis y los errores son nuestros. ¿Ves algo mal? Escribinos y lo corregimos.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene que probar un inversor para ser querellante en una causa por criptoestafa?
Necesita acreditar dos cosas. Primero, la titularidad de la billetera desde la que operó, algo difícil cuando no hubo verificación de identidad. Segundo, un engaño concreto que lo indujo a comprar, y no solamente la pérdida por la caída del precio. La Sala I de la Cámara Federal aplicó ese estándar en la causa $LIBRA.
¿Sirve un acta notarial para acreditar la titularidad de una billetera virtual?
Ayuda, pero no siempre alcanza. En la causa $LIBRA un inversor acompañó actas notariales sobre su acceso a billeteras Phantom y Lemon y el tribunal igual lo apartó. El acta prueba el acceso en un momento dado. Conviene combinarla con extractos de un proveedor que aplique verificación de identidad y con los identificadores de cada transacción.
¿Qué pasa con una causa penal si ningún particular es admitido como querellante?
La acción penal queda exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal. En el expediente por $LIBRA la impulsa el fiscal Eduardo Taiano. Sin querella admitida, el damnificado no controla la prueba, no propone medidas de investigación y no recurre por sí mismo. Le queda el reclamo patrimonial por la vía civil, que corre por separado.