La Corte blinda la absolución del jurado popular: no hay recurso fiscal en Entre Ríos

La Corte Suprema dejó firme la regla que impide al Ministerio Público Fiscal apelar una absolución dictada por un jurado popular en Entre Ríos. Declaró inadmisible el recurso extraordinario con el que la fiscalía pedía la inconstitucionalidad del art. 89 de la ley 10.746, la norma provincial que blinda el veredicto de no culpabilidad. La decisión cierra un recorrido de cuatro años que arrancó en Rosario del Tala. Diario Judicial dio cuenta del fallo el 16 de septiembre de 2026. El resultado práctico es fuerte: en Entre Ríos, un jurado que absuelve termina el caso.

El caso que llegó hasta la Corte

El 12 de agosto de 2022, tras cuatro jornadas de debate, un jurado popular de Rosario del Tala declaró no culpable a Carlos José Cervin. La acusación era grave: homicidio en grado de tentativa calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas y violencia, y lesiones leves, todo en concurso real. El imputado recuperó la libertad de inmediato.

La fiscalía impugnó el veredicto por arbitrario. El 30 de marzo de 2023, la Sala II de la Cámara de Casación de Concordia, integrada por María del Luján Giorgio, María Evangelina Bruzzo y Darío Gustavo Perroud, declaró inadmisible el recurso fiscal. El 9 de noviembre de 2023, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó por unanimidad la impugnación extraordinaria y ratificó la constitucionalidad de la irrecurribilidad. El 26 de abril de 2024 se denegó el recurso extraordinario federal y el expediente siguió por vía de queja hasta la Corte.

Los vocales provinciales fueron duros con la técnica recursiva. Daniel Carubia señaló que el Ministerio Público Fiscal "no formula una crítica razonada de la sentencia". Claudia Mizawak apuntó que los recurrentes "no atinan a brindar serios fundamentos" pese a invocar arbitrariedad. En el fondo del planteo también pesó un argumento institucional: declarar inconstitucional el art. 89 implicaría que el Poder Judicial modifique el régimen legal vigente y avance sobre facultades del legislador.

Qué dice el art. 89 de la ley 10.746

La norma es breve y contundente. El veredicto de no culpabilidad del jurado es vinculante para el juez que dirige el debate, tiene efecto de cosa juzgada y concluye de manera definitiva e irrevocable el proceso y la persecución penal contra el acusado. No hay una vía de apelación fiscal prevista ni un mecanismo de revisión del mérito del veredicto.

El diseño no es un descuido legislativo. Responde a la lógica clásica del juicio por jurados: el veredicto absolutorio del pueblo no se revisa, y esa irrevisabilidad protege a la persona absuelta frente al doble juzgamiento. La Corte no entró a debatir esa discusión de fondo. Rechazó el recurso por su planteo deficiente de la cuestión federal, lo que dejó la norma provincial en pie sin una declaración expresa sobre su validez constitucional.

Impacto concreto en la práctica profesional

La decisión deja lecciones que exceden a Entre Ríos y sirven para cualquier provincia con juicio por jurados:

• Para la defensa, el veredicto absolutorio del jurado es un activo procesal de primer orden. Conviene sostener desde el inicio que el caso terminó y resistir todo intento de reapertura.
• Para la querella y la acusación, hay que asumir el límite: si la provincia tiene una norma como el art. 89, la estrategia se juega íntegramente en el debate, no en la apelación.
• La reserva de la cuestión federal no puede ser una fórmula ritual. Acá la mención aislada, sin desarrollo argumental, fue determinante para que el planteo naufragara.
• Si se va a discutir la constitucionalidad de una norma provincial, el agravio federal debe estar construido desde la primera presentación, con relación directa e inmediata entre la norma y el derecho invocado.

Vale una advertencia adicional. El planteo que pide al tribunal modificar un régimen legal completo suele chocar contra el argumento de la división de poderes. Es más eficaz atacar la aplicación concreta de la norma al caso que pedir la caída del sistema entero.

Para el litigante penal, la conclusión es simple. En Entre Ríos, y probablemente en las demás provincias con reglas equivalentes, el veredicto de no culpabilidad del jurado popular cierra el caso. La disputa se gana o se pierde frente a los doce ciudadanos que escuchan el debate. Todo lo que no se logre ahí, después no se recupera con un recurso.