La Corte fijó doctrina: en amparos no se puede regular por debajo de 20 UMA

La Corte Suprema dejó sin efecto dos regulaciones de honorarios que habían perforado el piso legal en juicios de amparo. Lo hizo en Puebla, el 20 de agosto de 2026, y en Martinuzzi, el 3 de septiembre de 2026. En los dos expedientes las cámaras habían recortado los honorarios por debajo de las 20 UMA que fija el art. 48 de la ley 27.423. El tribunal les reprochó lo mismo: bajaron el arancel sin explicar por qué podían hacerlo. Para el abogado que litiga amparos de salud, la consecuencia es concreta. Hay un piso exigible y ahora hay doctrina de la Corte para reclamarlo.

Dos expedientes, la misma rebaja sin fundamento

El primero es "Puebla, Julio César c/ EN - M Salud de la Nación s/ amparo ley 16.986", que llegó a la Corte por las quejas CAF 23482/2023/1/RH1 y CAF 23482/2023/2/RH2. Se trataba de un amparo de salud contra el Estado Nacional. El juez de primera instancia había regulado 20 UMA para dos letrados. La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal bajó esa suma a la mitad: 10 UMA. La Corte hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.

El segundo es "Martinuzzi, Luisa Raquel María c/ OMINT SA de Servicios s/ amparo", expediente CCF 9469/2018/3/RH2. Acá el amparo iba contra una empresa de medicina prepaga. Primera instancia fijó 22 UMA para dos apoderados. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal la redujo a 14 UMA. El desenlace fue idéntico: queja procedente, sentencia anulada y reenvío para que se regule de nuevo.

El denominador común salta a la vista. Dos fueros distintos, dos salas distintas, y en los dos casos el resultado quedó por debajo de las 20 UMA del amparo. Ninguna de las dos cámaras explicó de dónde salía la rebaja. Según difundió el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, la Corte marcó que no alcanza con citar artículos: dijo que "la mera enumeración de normas o la referencia genérica a las características de la labor" no permite conocer el razonamiento seguido.

El mínimo del art. 48 es orden público, no una sugerencia

La ley 27.423 fija en el art. 48 un mínimo de 20 UMA para las acciones de amparo. No es una pauta orientativa ni un valor de referencia. El art. 16 de la misma ley cierra el círculo: los jueces no pueden apartarse de los mínimos legales y esos mínimos revisten carácter de orden público. Es decir, no dependen de la voluntad de las partes ni del criterio discrecional del magistrado.

Ahí está el punto fino de estos fallos. La equidad no desaparece como pauta de regulación, pero deja de servir como comodín. Si un juez quiere apartarse del mínimo, tiene que construir un fundamento verificable y explicarlo. Invocar la desproporción, la sencillez del trámite o la brevedad del proceso, sin nada más, ya no resiste el control de la Corte.

El dato económico ayuda a dimensionar la discusión. El valor de la UMA lo fija la propia Corte por acordada y se actualiza varias veces al año: en 2026 ya superó los 100.000 pesos. La diferencia entre 10 UMA y 20 UMA no es un ajuste de detalle. En un amparo de salud, que suele resolverse rápido y sin monto económico en disputa, ese número es la retribución completa del trabajo profesional.

Qué cambia en la práctica del estudio

La doctrina sirve poco si no se usa a tiempo. Conviene incorporar estos pasos al circuito de trabajo:

• Pedir la regulación invocando expresamente el art. 48 y el art. 16 de la ley 27.423 desde el escrito inicial de honorarios, no recién en la apelación.
• Revisar toda regulación firmada en amparos durante los últimos meses y detectar si quedó por debajo de 20 UMA por letrado o en conjunto.
• Apelar el auto regulatorio señalando el vicio de fundamentación, que es el eje que la Corte tomó, y no solo la injusticia del monto.
• Dejar planteada la cuestión federal en la apelación ante la cámara, porque sin reserva oportuna el camino a la queja se cierra.

También conviene revisar los convenios de honorarios con clientes. Si el pacto se apoya en lo que regule el juzgado, el piso legal pasa a ser un dato central de la negociación.

La Corte no inventó un derecho nuevo. Lo que hizo fue poner un freno a una práctica extendida: regular por debajo de la ley y sostenerla con una fórmula de equidad sin desarrollo. A partir de Puebla y Martinuzzi, esa fórmula es una sentencia apelable con alto costo de revocación. El abogado que no controle el monto regulado en su amparo de salud está dejando dinero en la mesa.