Se reglamentó el régimen penal juvenil: qué cambia con el decreto 875/2026

El Poder Ejecutivo reglamentó el nuevo régimen penal juvenil. El decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre de 2026 y publicado en el Boletín Oficial el 7 de septiembre, aprueba la reglamentación de la ley 27.801 y arma la estructura administrativa que la va a sostener. Designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, ordena crear un listado de supervisores y monta dos espacios de coordinación, uno interministerial y otro federal. Para defensores, fiscales y asesores de menores, el cambio ya está operativo: la ley rige desde el 5 de septiembre de 2026 para adolescentes de 14 a 18 años.

Qué hace el decreto 875/2026

El art. 1 aprueba la reglamentación de la ley 27.801, que se publicó como Anexo I bajo el identificador IF-2026-82933974-APN-SSPC#MJ en la edición web del Boletín Oficial. El art. 2 designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, con competencia para implementar y coordinar el régimen en el ámbito nacional y federal. El art. 13 lo faculta a dictar las normas complementarias y aclaratorias, algo que en la práctica significa que buena parte de los detalles operativos va a llegar después, por resolución ministerial.

El art. 3 fija un plazo concreto: 180 días para armar un listado provisorio de supervisores y para la primera convocatoria pública que dé forma al registro definitivo. La figura del supervisor es central en el nuevo esquema, porque interviene en el seguimiento de las medidas alternativas a la privación de la libertad.

Los arts. 4 a 7 crean el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, integrado por representantes de cuatro ministerios, con funciones de coordinación, elaboración de lineamientos y producción de información. Los arts. 8 a 10 crean la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, pensada para armonizar criterios con las provincias e intercambiar experiencias. El art. 14 dispone que el decreto entra en vigencia junto con la ley 27.801. Firman Javier Milei, Diego César Santilli y Juan Bautista Mahiques.

El régimen que se reglamenta

La ley 27.801 reemplazó el régimen de menores que regía desde 1980 y bajó de 16 a 14 años la edad de punibilidad. Alcanza al adolescente desde los catorce años hasta las cero horas del día en que cumple dieciocho, siempre que se le impute un hecho tipificado como delito. Por debajo de los catorce, el régimen no se aplica.

No es solo un cambio de edad. La ley regula garantías del proceso, sanciones y modalidades de ejecución. Fija un máximo de quince años de privación de la libertad y prohíbe la pena perpetua, incorpora medidas alternativas y monitoreo electrónico, y exige que los adolescentes no sean alojados con adultos. La reglamentación recuerda que el objetivo es "promover en el adolescente imputado el sentido de responsabilidad legal por sus actos", junto con su educación e integración social.

Qué tiene que hacer el abogado desde ahora

El régimen ya está vigente, así que no hay margen para esperar:

• Verificar la edad exacta del imputado a la fecha del hecho. El corte de las cero horas del día del cumpleaños de dieciocho define si se aplica la ley 27.801 o el régimen de adultos.
• Revisar causas en trámite de adolescentes de 14 y 15 años, que antes quedaban fuera del sistema penal y ahora pueden ingresar.
• Trabajar el planteo de medidas alternativas desde el inicio, porque el decreto construye toda la estructura de supervisores alrededor de ellas.
• Seguir las resoluciones del Ministerio de Justicia, que por el art. 13 va a dictar las normas complementarias donde estarán los detalles del procedimiento.
• Controlar la convocatoria al registro de supervisores dentro de los 180 días, que abre un campo de trabajo para profesionales del área.

Un punto de atención para la defensa. Mientras el registro definitivo de supervisores no esté armado, va a haber tensión entre lo que la ley promete en materia de alternativas y lo que el sistema puede ofrecer en los hechos. Esa brecha es un argumento concreto para discutir la proporcionalidad de una medida privativa de libertad.

El Boletín Oficial publicó el texto completo con su Anexo I. Vale leerlo entero antes de la primera audiencia bajo el nuevo régimen, porque la estructura administrativa que crea el decreto define, en los hechos, qué medidas van a estar disponibles.